La percepción de inseguridad en Chile

La percepción de inseguridad en chile tiene factores internos y externos que han favorecido el incremento de la delincuencia y el crimen organizado. Esos factores han sido, entre otros, aquellos propiciados por políticas públicas ineficaces que no han sabido neutralizar el incremento de la criminalidad. Y también, por decisiones gubernamentales que han dado paso a escenarios complejos que impiden a las policías mantener un control efectivo de la criminalidad. A ello se suman las políticas de persecución penal que no han sido suficientes para neutralizar el incremento de la delincuencia. Pero a su vez a un sistema garantista de justicia que ha errado la protección de los derechos humanos de las víctimas.

El tema de la delincuencia ha sido desde siempre un fenómeno que es conteste con el desarrollo de las sociedades. En la medida que los países avanzan en cuanto al progreso, lo hace también la criminalidad representada en sus diferentes formas. Desde delincuentes de poca monta hasta manifestaciones exclusivas del crimen organizado, se ven beneficiados cuando una sociedad avanza sin tener formas eficaces de control del fenómeno criminal.

Chile no queda exento a las distintas injerencias del entorno regional y a las influencias que genera el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Ante ello, debe ser fundamental la lectura que se hacen de los distintos escenarios que se dan en el contexto de una sociedad, tales como, el incremento en la tasa de homicidios o la cantidad de delitos perpetrados contra la propiedad. Ello da cuenta cuantitativamente de que hay algo que se está o no se está haciendo bien.

Nivel de violencia y tasa de homicidios

El nivel de violencia es un factor que es difícil de medir en términos cuantitativos y cualitativos. Sin embargo, existen algunos indicadores que permiten inferir el uso de la violencia como un instrumento propio en la comisión de delitos, a través de la tasa de homicidios en un área geográfica. Una reciente investigación de Data Intelligence[1] reveló cuáles son las cinco comunas de Chile que presentaron un mayor aumento en la tasa de homicidios entre 2019 y 2020. Dentro de ellas se encuentran Constitución, Hualpén, Peñaflor, Valparaíso y Los Ángeles que son las comunas que más han aumentado su tasa de homicidios entre 2019 y 2020.

Sin embargo, en el mes de septiembre de 2021 la Fiscalía nacional presentó un informe estadístico donde reveló que entre el 2016 y 2020 la tasa de homicidios pasó de 4,2 a 5,7 por cada 100 mil habitantes en el país, siendo 4.593 los decesos en ese período. En él se detalla además que la mayor cantidad de fallecidos son hombres. También se evidencia un porcentaje correspondiente a menores de edad y de que en su mayoría las mujeres fallecen como víctimas de violencia intrafamiliar[2].

En sí, hay una tendencia al alza sostenida en los ingresos de los casos de homicidios desde 1.695 en 2016 a 2.814 en 2020. Esto representa una variación de aumento del 66%. Las comunas con mayor número de homicidios en Chile son Santiago con 198, Puente Alto con 162, Valparaíso con 131, La Pintana con 130, San Bernardo con 117 y Antofagasta con 109. Mientras que de las zonas estudiadas las comunas con menor número de este tipo de delitos son Quilicura (63), La Serena (62) y Puerto Montt (61), en las tres la mayor cantidad se produjo en 2020.

Injerencia extranjera en la tasa de homicidios y otros delitos

Aun cuando las cifras oficiales revelan que existe sólo un 3,8% de extranjeros implicados como imputados de delitos de homicidios, la percepción de la ciudadanía es mayor. Pese a ello, los medios de comunicación enfatizan que el número de homicidios está muy por debajo del promedio de extranjeros que residen en Chile. Sin embargo, en algunas regiones se presenta una mayor proporción de extranjeros imputados por homicidios consumados. A este respecto es posible mencionar a las regiones de Antofagasta con un 15,9%, Tarapacá 15,6% y Arica y Parinacota 9%.

En sí, desde el prisma analítico, no es posible afirmar que los efectos de la inmigración ilegal hayan tenido un impacto en el incremento delictivo. Pero tampoco es un factor que se pueda descartar, dado que la gama de otros delitos en que hay injerencia extranjera es amplia. Y en este sentido, nuevas modalidades delictivas que se han visto, como el caso de los “motochorros” o el “sicariato”, han sido importadas. Lo mismo ocurre con el fenómeno del delito de secuestro que está ad-portas de instalarse en Chile como una industria, propia del crimen organizado. Cabe recordar que el delito de secuestro fue utilizado incipientemente en chile, por pequeñas bandas de narcotráfico en la primera década del 2000, para fines extorsivos.

Más allá de las cifras, las consecuencias lógicas de la percepción de inseguridad en Chile obedecen a una mayor visualización del fenómeno migratorio ilegal, que a todas luces parece estar exento de todas las restricciones pandémicas que imperan para el común de los chilenos y residentes legales extranjeros. En ello el Estado tiene una gran responsabilidad, principalmente por la falta de control y fiscalización para evitar el incremento de la criminalidad.

Uso de armas de fuego

El uso de armas de fuego por parte de delincuentes y grupos delictuales también ha sido un factor importante en la percepción de inseguridad en Chile. La proliferación de armas de fuego tiene distintas aristas de análisis, pero sin duda que su principal talón de Aquiles es la fiscalización. Y ante ello, el problema no radica en las personas que legalmente cumplen con la norma para la tenencia responsable de armas de fuego, sino que en las vías de internación de armas ilegales y clandestinas a las que están teniendo acceso los grupos criminales.

La presentación constante de noticias sobre el uso de armas clandestinas e ilegales por parte de delincuentes, generan una percepción de inseguridad que va en aumento. A ello también se suman las experiencias personales de las personas que conocen a través de un familiar, amigo o conocido que ha sido víctima de delitos en ese contexto. Todo suma, a la hora de evaluar la percepción de inseguridad, porque al final es un concepto cualitativo que va más allá de las cifras.

Finalmente, es indudable que el rol del Estado debe estar centrado en combatir a las organizaciones criminales que hacen del tráfico de armas un negocio lucrativo, pero sin restringir las libertades de las personas a la defensa personal o de su propiedad dentro de un esquema regulado.

¿Qué debiéramos hacer como país para mejorar la percepción de inseguridad en Chile?

La responsabilidad del Estado es propender al bien común, respetando la Constitución y las leyes. La delincuencia es y ha sido el factor contrario al bien común, por lo tanto, garantizar la seguridad y el orden público es un aspecto inherente a las responsabilidades del aparato estatal.

De la percepción de inseguridad se debe pasar a la percepción de SEGURIDAD, es decir, cubrir aquellos aspectos del Estado que la ciudadanía espera funcionen. Por tanto, la percepción de inseguridad en chile debe abordarse a partir de mejorar los siguientes aspectos:

Una política criminal (indistintamente del gobierno de turno) que oriente el trabajo de las policías, hacia un concepto de neutralización delictual. Esto implica evitar que la acción delictiva se lleve a cabo y se consigue con un mayor uso de la inteligencia criminal para la identificación de focos delictivos, de sus autores y sus modus operandi y que estén en consonancia con la persecución penal.
Una persecución penal inteligente focalizada en la obtención de penas efectivas y la intervención del patrimonio en delitos de tráfico y crimen organizado.
Establecer en la legislación el concepto de “Crimen Organizado” y sus manifestaciones, con la finalidad ir a la vanguardia de las nuevas formas delictivas que se cometen bajo ese concepto. Como antecedente, en la actualidad no existe en la legislación este concepto y solo se asimila al de “Asociación Ilícita”, pero escapa al comportamiento y movilidad que tiene el fenómeno del crimen organizado en su conjunto.
Cumplimiento efectivo de penas por parte de los condenados por delitos graves.
Un endurecimiento de las penas por delitos contra las personas, la propiedad y aquellos referidos al Crimen Organizado y el Terrorismo.
Construcción de más cárceles y autosustentables, que propendan al cumplimiento efectivo de las penas y a la generación de trabajos por parte de los internos, que les permita la producción de víveres de supervivencia, es decir, que el interno sea capaz de generar su propio sustento para que sea una condición indispensable en la reinserción social.

Todos estos aspectos son indispensables para reorientar el curso que han tenido las políticas públicas en materia de seguridad. La percepción de inseguridad es un concepto subjetivo que depende del estado vulnerabilidad del entorno de las personas y por ende dependerá de la efectividad en las medidas adoptadas.

El delito debe tener un castigo acorde a la severidad del hecho cometido y que vaya en consonancia con la futura reinserción social de aquellos casos en que sí sea posible.